Mar Humberto es la encargada de temas de genero en la oficina de cooperacion espanola en Colombia, anteriormente ella estuvo trabajando para Naciones Unidas en Nuesgtro pais.
Creo interesante este informe sobre la situacion de de las mujeres en Colombia como ejemplos de los que se esta haciendo , de los problemas en este tema y de como podemos usa estos ejemplos para reforzar la legislacion en este tema aprovechando de la asamblea en este momento.
Situación de las Mujeres en Colombia y
Avances en Políticas de Igualdad
Para analizar la situación de las mujeres en Colombia es necesario tomar en cuenta tres elementos fundamentales: la brecha que existe entre la normativa vigente en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio real y efectivo de dichos derechos por parte de las mujeres; la diversidad de mujeres, que implica diferenciar entre la situación de las mujeres de grupos específicos -como pueden ser las afro colombianas e indígenas- así como las diferencias que se presentan a nivel departamental y, por último, el impacto del conflicto armado que exacerba la violencia contra las mujeres y recrea nuevas formas de violencia que refuerzan la discriminación histórica que las afecta[1].
Esto tres elementos obligan permanentemente a realizar el ejercicio de análisis desde una lógica que conjugue la situación en el país de todas las mujeres, puesto que no hay un ejercicio real de los derechos y a la vez reconozca la diversidad y particularidad, especialmente de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como las afectaciones del conflicto armado.
A continuación se revisa la situación de las mujeres en Colombia tomando en cuenta las mayores problemáticas que impiden el ejercicio de los derechos, la diversidad y la especial afectación del conflicto armado.
Violencia Intrafamiliar
La violencia intrafamiliar es un problema grave en el país. Tanto por las cifras que alcanza en magnitud como frecuencia; por las falencias en materia de política públicas que pese a los avances no logra un atención integral de la problemática; por las limitaciones de la normativa que no garantiza el acceso de las mujeres a la justicia[2] y por las deficiencias en los sistemas de información que generan un subregistro.
Según Medicina Legal, durante el año 2006 se evaluaron a nivel nacional 61.015 víctimas por violencia intrafamiliar, alcanzando la violencia entre parejas las mayor cifra con 37.047 (60.7%), le siguió la violencia entre otros familiares con 13.287 casos (21.8%) y de maltrato infantil 10.681 casos (17.5%).[3]
Si se compara el maltrato entre parejas con los dos años anteriores en el año 2005 se presentaron 37.658 casos de maltrato de pareja, mientras que en 2004 se registraron 34.704, se puede observar que para el período 2005 – 2006 las cifras son muy similares, mientras que muestran un alza con respecto al 2004.
En 2004 y 2005, 9 de cada 10 víctimas de violencia conyugal fueron mujeres (31.156 y 34.336 casos respectivamente). Esto significa que en 2004 cada día 87 mujeres denunciaron haber sido golpeadas por su pareja y en 2005 la cifra aumentó a 94 mujeres maltratadas diariamente[4].
Mientras que en el 2006, de los 37.047 casos de violencia entre parejas, las mujeres fueron víctimas en 33.761 casos (91.1%) y los hombres en 3.278 casos (8.8%). Siendo las más afectadas las mujeres del grupo de edad entre los 25 y 29 años (8.013 casos). Las cifras muestras que diariamente en Colombia 92 mujeres son víctimas de violencia entre parejas; es decir 8 casos cada una hora. El 77% de los casos de violencia intrafamiliar ocurren en las viviendas de las víctimas.[5]
Si bien directamente no se puede señalar que la violencia afecta más a las mujeres indígenas y afrocolombianas, si se analizan las tasas de violencia intrafamiliar por departamento se observa que para el 2005 el departamento de San Andrés y Providencia, conformado mayoritariamente por población afrocolombiana (55%), tiene una tasa de 478 x 100.000 habitantes. En el 2006 dicha tasa subió a 486 por 100.000 habitantes, es decir registro un alza de 3.9%[6]. El departamento de Amazonas en el 2005 tuvo una tasa de violencia intrafamiliar de 537 por 100.000 habitantes y en 2006 de 447 por 100.000 habitantes, registrándose una baja de 15%, cabe anotar que en dicho departamento la población indígena es de un 31.5%.
Otros departamentos que en el 2006 presentan tasa considerablemente altas son Cundinamarca (398); Boyacá (356); Casanare (328) y el DC de Bogotá (258).
Violencia sexual
Durante el 2006 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conoció un total de 19.596 dictámenes sexológicos, lo que de una tasa nacional de 46 por 100.000 habitantes, lo que señala un incremento de 5.9 puntos mayor que la del 2005, puesto que en ese año, Medicina Legal reportó 18.478 dictámenes sexológicos, significando un incremento de 1.6%. Lo cual habría que analizar si se debe a un incremento de casos o a un aumento de la denuncia. Al igual que en el 2005, en el 2006 el mayor número de casos se presentó en mujeres con un total de 14.382 dictámenes que representan el 83.6%. En el 2005 fueron las mujeres el 84% de los casos denunciados (13.697) proporción que también se mantuvo en el 2004[7].
Durante el 2006, la violencia sexual afectó mayoritariamente a menores el 75.7% correspondiente a 14.840 dictámenes. Con respecto al lugar donde ocurre la violencia sexual, el mayor número ocurre en la vivienda, en casos de mujeres se presentaron 9.443 casos y en hombres 1.772 casos[8].
En definitiva en Colombia durante el 2006, se presentaron diariamente 53 casos denunciados de violencia sexual, es decir más de 2 casos cada una hora. De ellos, 39 mujeres fueron diariamente las víctimas.
Durante el 2006 las tasas de violencia sexual más altas se registraron en Guainia 152 por 100.000 habitantes; Amazonas 140 por 100.000 habitantes; Casanare 109 por 100.000 habitantes; Cundinamarca 84 por 100.000 habitantes y el Meta con 80 por 100.000 habitantes. En el 2005 las tasas mayores se registraron en departamento de Guaviare con una tasa 338,3 x 100.000 habitantes, le sigue el departamento de Guainía con una tasa de 140.5 x 100.000 habitantes y la Guajira con 64,6 x 100.000 habitantes[9].
Otra problemática que genera violencia contra las mujeres es la trata de personas. Según la OIM, Colombia ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina. No obstante por las particularidades que presenta es muy difícil tener cifras precisas sobre la situación, se dice que hay entre 45.000 a 50.000 personas víctimas de la trata internacional, además se encuentra presente en el país la explotación sexual infantil asociada al turismo y el reclutamiento forzado[10]. Se calcula que entre el 80% y el 95% de los casos de trata de personas son mujeres, según datos de diversas fuentes nacionales e internacionales. La mayoría de las víctimas son de pueblos pequeños o caseríos rurales.
Trabajo y Generación de ingresos
En Colombia en el período comprendido entre 2003 y 2006 se genero un crecimiento de un 19.9% con una tasa anual acumulativa de 4.9%. No obstante, este crecimiento no significó una disminución del desempleo.
En el segundo trimestre de 2007, la tasa global de participación se contrajo para ambos sexos, aunque la inserción femenina sigue en aumento alcanzando 45.5 puntos, habiéndose incrementado en 1% promedio anual trimestral con respecto a la de los hombres que sólo alcanzó el 0.55% y que se ubico en segundo trimestre en 71.3. Esta situación se debe al hecho que el desempleo afecta mayoritariamente a las zonas rurales y ciudades pequeñas.[11]
Con respecto a la población económicamente activa para el segundo trimestre de 2007 era de 20.419.816, de ellos son hombres 11.873.688 (59%) y mujeres 8.536.130 (41%). Mientras que la población en edad de trabajar es 35.467.297, siendo hombres 16.650.073 y mujeres 18.817.224.[12]
Así la tasa de desempleo nacional para el segundo trimestre de 2007 fue de 11.1, siendo para los hombres de 8.6 y para las mujeres de 14.7. El subempleo nacional afecta a 7.146.411 personas de ellas el 59.7 son hombres y el 40.3% mujeres. Con tasas nacionales de 35, siendo la de hombres de 35.9 y la de mujeres de 33.7. El hecho que las mujeres enfrenten un mayor desempleo hace que las tasas de inactividad para ellas sean de 54.6 mientras que para los hombres alcance la cifra de 28.7, siendo la nacional 42.5[13].
Como se puede observar las mujeres tienen menos acceso al empleo, las tasas de desempleo son más altas para mujeres que para hombres en todas las ciudades del país; además ganan menos que los hombres por igual trabajo a pesar de haber logrado mayores niveles educativos.[14]
Con respecto al acceso a la propiedad, particularmente a la tierra, la titulación a la pareja no ha arrojado los resultados esperados de garantizar a las mujeres el derecho efectivo en condiciones de equidad, esto afecta principalmente a las mujeres rurales.[15]
Salud y derechos sexuales y reproductivos
Según el Ministerio de Protección Social la tasa de mortalidad materna pasó de 120 en 1995 a 117.78 x 100.000 nacidos vivos (821 casos) en 2003. De estas mujeres solo el 11.6% había cursado secundaria incompleta o más. La tasa del Departamento de Chocó, era en el 2001 de 396,6% por 100.000 nacidos vivos, mientras que en Guainía la tasa de mortalidad materna alcanza 450 x 100.000 nacidos vivos. Las diferencias regionales son abismales en el país las tasas de estos departamento son comparables con la de República Democrática del congo y Haití respectivamente.[16]
Otra problemática son los altos niveles de embarazos en adolescentes, según Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia - 2005, las cifras tuvieron un aumento de 19% en el 2002 a 21% en el 2005. Esto significa que 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y los 19 años está o ha estado alguna vez embarazada. Esta problemática afecta mayormente a las jóvenes más pobres, pues un 52% de ellas no tiene ningún nivel educativo mientras que el 32% viven en condiciones de pobreza.
En Colombia, se estima 180.000 casos de VIH/Sida. El 52.8 % de los casos afecta a personas entre los 15 y 35 años[17], y según ONUSIDA el 40,34% de los nuevos casos ocurren en hombres y mujeres entre 15 y 24 años, proporción que se ve acentuada en la población que vive en situación de desplazamiento. También se observa una feminización de la de la incidencia de VIH/SIDA. La relación hombre/mujer en el número de casos de VIH para 1987 era 37:1; en 1995 esta razón había disminuido a 5:1, y para el año 2003 fue 2,6:1 lo que confirma la feminización de la epidemia[18].
En el Departamento del Atlántico se ve una prevalencia entre mayores de 15 años, cercana a 0.6% o sea al 6 por mil, es una de las proporciones más altas del país ya que en las regiones del interior se habla 0.3% a 0.4%.[19]
Por otra parte, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres colombianas entre 30 y 59 años[20].
Como un aspecto positivo en materia de salud sexual y reproductiva puede mencionarse la sentencia C-355 de la Corte Constitucional proferida en mayo del 2006, que despenalizó el aborto bajo circunstancias especiales, estas son cuando esta en riesgo la vida y la salud de la madre; cuando el embarazo es resultado de la violación o incesto y en los casos de malformación del feto cuando es inviable para la vida extrauterina.
Participación Política
Las mujeres en los puestos de elección popular no llegan al 15% de representación y la tendencia en las últimas elecciones de 2006, ha sido a la baja. Más de la mitad de los municipios del país (758) nunca han elegido a una mujer para el cargo de alcalde. De las 32 ciudades capitales departamentales sólo ocho han tenido alcaldesa. A nivel departamental, desde 1991 sólo 7 mujeres se han desempeñado como gobernadoras. Congreso de la Republica: promedio 11.1% mujeres, en Senado: 12 mujeres que representan el 12% y en Cámara de representantes: 14 mujeres representando un 8.5% del total.[21]
En Colombia, para las elecciones del 28 octubre de 2007 se inscribieron 73.887 candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas y sumando los aspirantes a las Juntas Administradoras Locales, llegarían a 87.533. Para las gobernaciones de 153 candidatos sólo 12 son mujeres (8%); para las alcaldías capitales de departamento de los 4.691 candidatos, 584 son mujeres (12%). De los 2.719 candidatos que se inscribieron para asambleas, 410 son mujeres (15%). A los consejos municipales postulan 66.327 personas de las cuales 11.664 son mujeres (17%).[22]
Como se evidencia, en la práctica, el ejercicio a la igualdad política para las mujeres se limita al derecho al voto y no incluye el derecho a la representación en igualdad. Es decir, se ha alcanzado el poder formal pero no el poder efectivo.
Impacto del Conflicto Armado
El conflicto armado exacerba las violencias contra las mujeres y aumenta el riesgo de vulnerabilidad. El conflicto armado profundiza y exacerba la exclusión, la discriminación y la violencia de la que históricamente han sido víctimas las mujeres. En Colombia se ha podido documentar que las mujeres por su condición de género, están mayormente expuestas a ser víctimas de abuso sexual, reclutamiento forzado, prostitución forzada y embarazos tempranos.
Así mismo se ha documentado que los diversos actores armados ilegales aplican en la zonas de acción a las mujeres normas de conducta y control social, restricción de actividades de participación, imposición de lazos afectivos con los combatientes, reclutamiento forzado, esclavitud sexual y doméstica, violación y mutilación sexual y entre sus combatientes se han identificado prácticas de anticoncepción y aborto forzado.
Actualmente, como consecuencia del proceso de desmovilización con los grupos armados. Se ha observado aumento de los riesgos de seguridad para las mujeres en zonas con población desmovilizada. Se han realizado análisis cualitativos sobre la afectación que en la vida de las mujeres y su seguridad ocasionan los procesos de reubicación de ex combatientes y en ellos se ha planteado que en las zonas de reubicación persiste la capacidad coercitiva del paramilitarismo, expresada en ámbito político en el miedo de las mujeres de ejercer su derecho a la participación, que se revierte en restricciones a sus derechos, por el miedo que les impide realizar sus reivindicaciones y defender sus intereses económicos. Por otro lado, se percibe un aumento de la violencia sexual, de embarazo en adolescentes y mayor exposición a enfermedades de transmisión sexual.[23]
El desplazamiento tiene un efecto desproporcionado en las mujeres, este implica que las mujeres se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, la jefatura de hogar en cabeza de mujeres es del 49.7% esto significa que es casi 19 puntos más alta que el promedio nacional. También se produce un aumento de la violencia intrafamiliar (49.9% víctimas de violencia conyugal en población desplazada, ocho puntos más alto que el promedio nacional[24]); los sistemas oficiales de información presentan debilidad para la identificación y caracterización de las necesidades de las mujeres en situación de desplazamiento y a la fecha no se ha puesto en marcha una política pública que reconozca la particular afectación de las mujeres y que cuente con acciones afirmativas para ellas, a pesar del reconocimiento realizado por la Corte Constitucional en la sentencia T – 025 y los autos proferido con posterioridad.
Las y los jóvenes por el impacto del desplazamiento que genera deserción escolar y desarraigo social así riesgo de abuso sexual comprometiendo sus proyectos de vida, constituyen una población particularmente vulnerable a los embarazos no deseados y la infección por VIH SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Un 30% de las jóvenes adolescentes desplazadas esta o ha estado embarazada, 9 puntos más alto que el promedio nacional.[25]
Según la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de personas y Grupos Alzados en Armas, en el país con corte al 30 de agosto del 2007 hay un total de 27.961 personas desmovilizadas, de las cuales 26.709 son hombres (93.3%) y 1.882 mujeres (6.7%)[26].
Con respecto a la formación académica de los desmovilizados a nivel nacional, sólo 667 son bachilleres (2.4%), 584 hombres y 83 mujeres. No son bachilleres 27.294 personas (97.6%) de los cuales 25.495 son hombres y 1.799 son mujeres. Actualmente se encuentran estudiando a nivel nacional un total de 9.036 (32.3%) siendo hombres 8.430 y 606 mujeres.[27].
El sistema de información ACR de la Alta Consejería no cuenta con datos sobre motivos que tuvieron los desmovilizados para integrarse a grupos ilegales, tampoco sobre el número de mujeres lactantes o gestantes desmovilizadas, ni sobre los roles asumidos por hombres y mujeres en los grupos armados ni la edad de inserción a los grupos ilegales[28].
Con respecto a los programas de la Alta Consejería en que participan actualmente los desmovilizados, según la base de datos SAME, se encuentra la siguiente situación[29]. Los hombres y mujeres en promedio en un 16% se desempeñan como auxiliares cívicos. Con respecto a la participación en los programas de salud, se observa que las mujeres (82%) hacen más uso de ellos que los hombres (76%). En lo que tiene que ver con el acceso a trabajo de la población desmovilizada, es alto el porcentaje nacional tanto en hombres (73%) como mujeres (62%) que se no se encuentran participando en los programas de la Alta Consejería. El programa de apoyo psicosocial ha tenido un buen cubrimiento ya que a nivel nacional han sido contactados el 92% del total de desmovilizados. No obstante, sólo se ha realizado visitas domiciliarias al 61%, se desconoce el número de visitas realizadas y el proceso de seguimiento. Con respecto a quienes participan en los programas de formación para el trabajo, en promedio a nivel nacional lo hace un 30%, siendo un poco más alto el porcentaje en mujeres que en hombres[30].
Avances recientes de la legislación colombiana a favor de la igualdad de género
A comienzos del año 2006 se creó en el Congreso Colombiano la denominada Bancada de mujeres. Este hecho constituye un avance en Colombia pues está conformada por todas las mujeres parlamentarias de los partidos con representación en ambas cámaras y tiene como objeto elaborar proyectos de ley que respondan a las necesidades de las mujeres colombianas.
El primer proyecto de elaboración conjunta es el Proyecto en contra de la violencia de género denominado “Ley para una vida libre de violencias contra las mujeres en Colombia” cuyos debates se espera finalicen en diciembre de 2007. Este trabajo concertado con parte del movimiento de mujeres supone un avance en la lucha contra la violencia de género si bien algunas organizaciones de mujeres creen que todavía no es suficiente como para asegurar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Entre sus avances destaca las facultades otorgadas a los gobiernos tanto a nivel nacional como local para que establezcan centros de recepción de mujeres víctimas. También modifica los Códigos penal, aumenta las penas para los agresores y tipifica el acoso sexual además de consagrar la figura del feminicidio.
Se hace particular énfasis en los aspectos de orientación y asesoramiento jurídico, información, protección de la dignidad de la mujer y asistencia integral ante la vulneración de sus derechos. Se elimina el carácter querellable de los delitos de violencia sexual, es decir cuando una mujer presenta una denuncia por violencia, esta ya no puede ser retirada, ella puede perdonar a su agresor pero la investigación continúa. Como medida importante la violencia intrafamiliar, y los delitos contra la libertad sexual no tendrán rebaja de penas, ni sustitución de prisión por detención domiciliaria.
Aun valorando positivamente los avances, la ley tiene también importantes limitaciones. No tiene un presupuesto asignado, lo cual hace difícil su aplicación y mantiene la conciliación en los casos de violencia de género, es decir, agresor y víctima son instados a conciliar para dar por terminado el proceso judicial. En la práctica esto contribuye a la indefensión de la víctima y a su revictimización por el sistema de justicia así como negación del derecho al acceso a la justicia. La conciliación es una práctica habitual en el sistema de justicia colombiano y se explica por el gran colapso que sufre así como la gran lentitud de los procesos judiciales.
Otra iniciativa impulsada por la Bancada de Mujeres es la elaboración de una Ley de Cuotas para conseguir la paridad de género en las listas electorales de los partidos políticos. Este proyecto de Ley se presentó recientemente en el Congreso y muy probablemente será archivado pues cuenta con una gran oposición de la mayoría masculina de ambas cámaras.
Iniciativas de la Cooperación Española a favor de las Políticas de Igualdad de Genero en Colombia
A comienzos del año 2006 la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECI) puso en marcha el programa “ Apoyo a la construcción de políticas públicas con equidad de género en Colombia 2006-2010”
Esta iniciativa se enmarca en el sector del Plan Director 2005 - 2008 Gobernanza democrática, participación social y fortalecimiento institucional y comprende acciones en tres de sus líneas estratégicas:
- Promoción de la democracia representativa y participativa
- Fortalecimiento del Estado de derecho (acceso a la justicia)
- Fortalecimiento de las administraciones locales
Esta intervención a cuatro años (2006-2010) apoya iniciativas que contribuyen a la aplicación del enfoque de género en las principales políticas públicas a nivel de la administración central y municipal en las ciudades de Bogotá, Medellín y Pasto, con posibilidad de extender las experiencias exitosas a otras ciudades, siempre y cuando existe voluntad política por parte de los gobiernos locales. Como objetivo de desarrollo el Programa incide en el fortalecimiento de las administraciones públicas y contribuye al ejercicio real y efectivo de los derechos y ciudadanía de las mujeres colombianas.
Los temas en torno a los que se promueven políticas fueron los identificados en el contexto y en el análisis de problemas. Estos coinciden con los establecidos por el Gobierno Colombiano en su adaptación de las Metas de Milenio para el logro del Objetivo 3 ( Lograr la equidad de género y la autonomía de las mujeres) y también con los definidos en el Plan Director en el sector Género y Desarrollo:
- Violencias de género
- Participación política y social
- Derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
Las pautas de intervención que se implementan para conseguir los objetivos del programa son:
- Impulso a la creación del conocimiento, investigación, utilización de nuevos enfoques, apoyo a iniciativas innovadoras.
- Intercambio de experiencias y buenas prácticas en los ámbitos nacional, Regional Andino y con España. Para este último tienen especial importancia las experiencias de instituciones nacionales y municipios españoles.
- Apoyo a la concertación entre las instituciones públicas y la sociedad civil, especialmente de las distintas expresiones del movimiento social de mujeres.
- Establecimiento de alianzas, complementariedad y coordinación con otros actores de la cooperación internacional, sobre todo española. Se buscan sinergias de cara a obtener la mayor eficacia y se abren espacios para que los actores de la cooperación española, sobre la Cooperación Descentralizada, participen en las diferentes temáticas y líneas de actuación diseñadas en este programa.
[1] Meertens y Otras. Colombia: Brechas, Diversidad e Iniciativas. Mujeres e Igualdad de género en un país en conflicto. Bogotá, ASDI – 2006.
[2] Actualmente cursa en el Congreso de la República un Proyecto de Ley de “para Prevenir, Preservar, Erradicar y Sancionar toda forma de Violencia contra las Mujeres”, que busca en parte subsanar las deficiencias que ha presentado la ley.
[3] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis 2006.
[4] Datos extraídos del Informe Sombra Colombia al Comité de la CEDAW. Confluencia de Redes de Mujeres, enero de 2007.
[5] Análisis de datos realizado a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis 2006.
[6] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis 2006.
[7] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis 2006.
[8] Ibidem
[9] Ibid.
[10] Datos extraídos de Colombia: Brechas, Diversidad e Iniciativas. Mujeres e Igualdad de género en un país en conflicto. Bogotá, ASDI – 2006
[11] DANE. Consultado en pagina web del 21 de octubre de 2007.
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/mercado_lab_colombiano/BalanceEmpleoIIT2007.pdf
[12] DANE. Consultado en pagina web del 21 de octubre de 2007.
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/mercado_lab_colombiano/BalanceEmpleoIIT2007.pdf
[13] DANE. Consultado en pagina web del 21 de octubre de 2007.
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/mercado_lab_colombiano/BalanceEmpleoIIT2007.pdf
[14] Op cit. Breachas
[15] Brechas, op cit.
[16] Datos proporcionados por el DNP – PNUD.
[17] Ministerio de Protección Social. Política Pública de Salud Sexual y Reproductiva.
[18] Consultade el 21 de octubre de 2007 http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol36No3Supl1/cm36n3s1a6.htm
[19] Consultada el 21 de octubre de 2007 http://www.atlantico.gov.co/prensa/ver_bol.asp?prof=1497. datos de 2005.
[20] Ministerio de Protección Social. Política Pública de Salud Sexual y Reproductiva.
[21] Ibid.
[22] El Tiempo. “Solo el 17 por ciento de los candidatos a las elecciones de octubre son mujeres”. 22 de agosto de 2007, pág.1.
[23] Caicedo, Luz Piedad. Riesgos para la seguridad de las mujeres: Estudio sobre el impacto de la reinserción paramilitar en la vida y la seguridad de las mujeres en los municipios Montería y Tierralta, departamento de Córdoba. Bogotá, 2006, Corporación HUMANAS
[24] PROFAMILIA. ENDS 2005.
[25] Página web OIM, consultada el 21 de octubre de 2007 http://www.oim.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=55
[26] Información Obtenida por la Corporación Humanas, a través de solicitud radicada No 000311 al Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de personas y Grupos Alzados en Armas. Sr. Frank Peral, respondida el 9 de octubre de 2007, información brindada con corte el 30 de agosto de 2007.
[27] Ibidem
[28] Ibidem
[29] Ibidem.
[30] Ibidem.
No hay comentarios:
Publicar un comentario